Como podemos observar en la gráfica, el precio de la gasolina en nuestro país ha aumentado desde el año pasado en mas de un 67% según el informe de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y Andemos.

Este fuerte impacto se da luego de que, en el mes de octubre de 2022, el Gobierno Nacional diera inicio a la política de disminución del valor del subsidio a los combustibles en Colombia con el objetivo de poder disminuir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

Se espera que en los cuatro meses que le restan al año, sin contar el aumento de agosto, estaría pendiente por aplicarse un incremento de $2.400 en el precio del galón, dejando la gasolina a finales de 2023 en un valor promedio de $16.000. La estrategia del Gobierno nacional es redistribuir los recursos recaudados, con los que se planea aumentar en el Presupuesto Nacional, la inversión social en educación, salud, vías terciarias o transición energética.

El incremento del precio del combustible afecta directamente a un amplio número de actividades de la economía, especialmente a los ciudadanos que se tienen que movilizar a diario, al transporte de carga (mercancías y alimentos), trasporte de pasajeros, entre otros.  Tanto las motocicletas, como los automóviles son parte fundamental del ingreso de las personas, a lo que el incremento de los precios de la gasolina impacta directamente el costo de vida.

En el caso de las motocicletas, según indica Andemos, el incremento de los precios de la gasolina afecta directamente a 11,3 millones de personas.

¿Es en este momento donde se precisa de manera urgente masificar las tecnologías en medios de trasporte eléctricos e híbridos? Algo que además cuenta con un impacto ambiental desde el punto de vista de emisión de gases. Si, si lo vemos desde un punto de vista ecológico y disminución en el consumo de gasolina. Pero, ¿De dónde se sacaría el nuevo desfase que pueda haber en el Presupuesto Nacional, la inversión social en educación, salud, etc?